La controvertida Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la de “solo sí es sí”, está dando los primeros quebraderos de cabeza a sus promotores. La ley nacía con la pretensión de proteger a las mujeres frente a las agresiones sexuales, pero no optaba por un reforzamiento de las penas sino por una gradación de las mismas en función de la gravedad de las conductas que atentan contra la libertad sexual. Tanto el Consejo de Estado, como la Asociación de Mujeres Juristas Themis y el Consejo General del Poder Judicial ya advirtieron, durante la tramitación de la ley que promovía el ministerio de Igualdad, de que se podían producir rebajas en las penas en los casos que se juzgasen una vez que la ley entrara en vigor y también con las revisiones que pedirían algunos condenados ya en firme al poder acogerse retroactivamente a la ley que más les favorece. Respondiendo a estas advertencias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó que con esa ley nunca se iban a producir reducciones de penas. Una vez que la ley entró en vigor y se han producido algunas reducciones, que en algunos casos suponen la puesta en libertad de convictos, en primer lugar la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y tras ella, varios dirigentes de Unidas Podemos, han manifestado que el fallo no está en la ley, sino en la mentalidad machista de los jueces que han sentenciado rebajas de penas para violadores. Cualquier cosa antes que hacer autocrítica y admitir que se ha legislado con ligereza, desoyendo críticas autorizadas y argumentadas y sin prever los efectos reales que iba a causar el articulado legal. Esos efectos en forma de rebaja de penas se podrían haber evitado añadiendo al texto una disposición transitoria como la que suele acompañar todas las reformas del Código Penal.
Por otra parte, el Gobierno también ha anunciado la revisión del Código Penal en dos apartados, el relativo al delito de sedición y el que tipifica la malversación, lo que igualmente es motivo de preocupación. Se puede admitir que la legislación española tiene que armonizarse con otras de nuestro entorno europeo en lo relativo a la sedición, pese a la sospecha de que la reforma se abordaba para contentar a los socios de Esquerra Republicana. Sin embargo, cuando se anuncia que el Gobierno está dispuesto a abordar también el delito de malversación —justamente ambos delitos, sedición y malversación, son de los que han ocasionado la condena de notables líderes independentistas catalanes—, la sospecha cobra cuerpo. Reformar el delito de malversación es en este momento injustificable desde el punto de vista del bien común. Pero es igualmente injustificable legislar para garantizarse el apoyo parlamentario que permita al actual gobierno mantenerse en el poder.
Bien sea por incapacidad manifiesta para prever las consecuencias de una ley, como es el caso de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, bien sea por legislar bajo la presunta presión de los socios parlamentarios, el actual ejecutivo está promoviendo unas leyes que se desvían del objetivo que toda norma legal debe perseguir que es ante todo buscar el bien común. Esta desviación suele suceder cuando se legisla ad hoc como resultado de una ocurrencia –generalmente cargada de ideología—, una coyuntura o simplemente se intenta poner un parche. En todo caso, la aprobación de estas leyes en el Parlamento arroja sobre el legislativo, y en particular sobre sus miembros, los y las legisladoras, unas sombras de incompetencia, ligereza y puesta de los intereses partidistas por encima de todo que resultan altamente perjudiciales para la democracia y para el Estado de Derecho. |
